MORELIA, Mich. (proceso.com.mx).– El sacerdote de la Diócesis de Irapuato, Rubén “N”, quien fue detenido el miércoles pasado en la ciudad de Morelia por su presunta responsabilidad en el delito de violación agravada cometida contra una menor de edad, y desfalco, fue trasladado a esa ciudad, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

La denuncia fue presentada por los familiares de la víctima en abril pasado ante la Fiscalía de Guanajuato. En ella se asentó que el delito se venía consumando desde el año 2011, lapso en el que el presbítero aprovechaba los momentos en los que se encontraba a solas con la afectada para abusar sexualmente de ella.

El clérigo también estaría involucrado en el desfalco de 18 millones de pesos en agravio de la Diócesis de Irapuato, y habría contado con la complicidad de otros sacerdotes entre los años 2012 y 2016.

Ante las denuncias en su contra, el sacerdote evadía a la justicia en la capital michoacana, por lo que las autoridades del vecino estado de Guanajuato solicitaron el apoyo de la Fiscalía de Michoacán, que logró su detención.

El padre Rubén “N” pertenecía a la Parroquia de San Felipe de Jesús, en la que oficiaba misa también en colonias como la Pradera, Villas el Dorado, San Juanito y en la comunidad El Copalillo.

Mientras emitía duras condenas y críticas a políticos y funcionarios, incluso a ciudadanos por fallas en el gobierno y falta de cultura cívica, la diócesis de Irapuato, encabezada por José de Jesús Martínez Zepeda, manejaba millones de pesos, en medio de gran desorden y sin pagar impuestos; ahora pretende culpar a empleados de desfalco.

Una de ellas, Paloma, trabajó durante 24 años para la iglesia católica; los últimos 13 en la Diócesis de Irapuato como contador público, y ahora es señalada por un fraude por 18 millones de pesos durante el periodo 2012-2016.

La mujer denunció ante la prensa hostigamiento luego de ser testigo de “una estrategia fiscal” para evadir el pago de impuestos por concepto de rifas, diezmos, donaciones y servicios religiosos, y de que una auditoría sacara a la luz el faltante a fines de 2016; pese al cargo que tenía, no se le permitió participar en ese proceso.

No obstante, el escándalo estalló hasta este miércoles, cuando Paloma hizo la denuncia pública ante la prensa y apuntó a los excesos de los sacerdotes de la diócesis, que no han sido investigados para no “incomodarlos”, algunos de los cuales tienen propiedades millonarias pese a su sueldo como religiosos no pasa de 15 mil pesos por mes.La mujer también asegura que ha habido violaciones a sus derechos humanos, por lo que exige justicia, porque pese a que buscó conversar con el actual obispo, Enrique Díaz, este buscaría encubrir el hecho.